La Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), en conjunto con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), lanzó oficialmente el Primer Asesor Virtual de Insolvencia, una herramienta basada en inteligencia artificial generativa diseñada para orientar a personas y empresas sobre los procedimientos de la Ley 20.720, de forma accesible, gratuita y disponible las 24 horas del día.
La propuesta fue impulsada y desarrollada por Renzo Gandolfi, Director de Educación Continua de la Facultad de Derecho, quien lideró la conceptualización del modelo, su diseño funcional y su integración pedagógica dentro del ecosistema académico de la UNAB.
Según explicó Gandolfi, “la creación de este Asesor Virtual responde a la necesidad de transformar la relación entre ciudadanía y derecho, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta empática y educativa que permita acercar la ley a las personas con claridad y confianza”.
El Asesor Virtual de Insolvencia no solo representa un avance tecnológico, sino también un proyecto académico con valor formativo, que permitirá a las personas y a los estudiantes de Derecho participar en experiencias de aprendizaje aplicadas, vinculando la docencia con la innovación y la gestión pública.
Para la Facultad de Derecho UNAB, esta iniciativa marca un hito en su estrategia de vinculación con el medio y transformación digital, posicionando a la universidad como referente regional en el desarrollo de herramientas jurídicas basadas en IA con impacto social.
Asimismo, la propuesta de Gandolfi se inscribe dentro de una visión más amplia que incluye el desarrollo de otros asistentes especializados, como el Asesor Virtual de Ley Karin, orientado a apoyar a trabajadores y organizaciones en materia de prevención y acompañamiento frente al acoso laboral.
Con este tipo de proyectos, la Facultad reafirma su compromiso con un derecho moderno, inclusivo y tecnológicamente humanizado, donde la inteligencia artificial no sustituye al jurista, sino que potencia la educación, la justicia y el acceso ciudadano al conocimiento legal.